Ante el anuncio del Gobierno de desbloquear todo el suelo urbanizable de las Islas Baleares como medida para afrontar la crisis de la vivienda, El PI–Proposta per les Illes rechaza rotundamente esta propuesta y exige un modelo que proteja el territorio y priorice los derechos de la población ya residente.
El presidente del partido, Tolo Gili, ha estado claro: “No estamos en contra de cualquier uso del suelo, sino de un uso sin criterio ni condiciones. Cualquier liberalización tiene que estar estrictamente condicionada a garantizar vivienda para personas con más de 15 años de residencia histórica en las Islas Baleares. Esta tiene que ser la línea roja. No podemos permitir que nuevas construcciones alimenten todavía más presión demográfica y dejen atrás quienes han hecho su vida aquí.”
Desde El Pi se defiende un modelo que ponga en el centro las necesidades reales de los residentes, y no la lógica del crecimiento ilimitado. “Hacen falta medidas valientes para poner en circulación las viviendas vacías, facilitando la rehabilitación y ofreciendo garantías a los pequeños propietarios para que puedan alquilar con confianza. El Govern tendría que concentrar sus esfuerzos aquí y al luchar decididamente contra la ocupación ilegal, un problema que sigue sin respuesta efectiva.”
Además, Gili ha querido recordar que el territorio de las Islas no es infinito y que las decisiones urbanísticas se tienen que tomar con visión de futuro: “Construir más no puede ser nunca la única opción. Solo se tendría que autorizar suelo para vivienda cuando sirva para cubrir las necesidades de la población residente que hace años que contribuye, trabaja y vive en nuestras islas. Esta es una cuestión de justicia territorial y de cohesión social.”
El Pi apuesta por una política de vivienda seria, realista y responsable, que no ponga en riesgo el modelo de vida en las Islas Baleares.