El Pi–Proposta per les Illes ha expresado su rechazo frontal a la fusión entre BBVA y Banco Sabadell, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya dado luz verde a la operación con ciertas condiciones. Según advierte la formación, esta concentración bancaria tendrá un impacto muy negativo sobre la economía balear, con especial incidencia en el acceso al crédito por parte de pymes y autónomos, el mantenimiento de lugares de trabajo calificados y la continuidad de oficinas en zonas rurales y municipios pequeños.
“Baleares necesita más competencia bancaria, no menos. No podemos permitir que una decisión empresarial que solo busca rendimientos a corto plazo ponga en peligro nuestro tejido productivo ni la ocupación de miles de familias”, ha denunciado el coordinador general de El Pi, Joan Miralles.
Desde 2007, las Islas han perdido dos de cada tres oficinas bancarias —de 1.241 a solo 414—, y según la CNMC, hay municipios donde la fusión crearía monopolios o duopolios. Los sindicatos prevén el cierre de hasta 883 oficinas a escala estatal y la destrucción de hasta 10.500 lugares de trabajo. Además, el coordinador recuerda que “cerrar cajeros hace que la gente mayor, no tengui la possiblitat de hacer sus gestiones bancaries”.
En cuanto al crédito, El Pi denuncia que la nueva entidad superaría el 30% de cuota de mercado en el segmento de financiación a pymes en las Baleares, y que la garantía de mantener el volumen de crédito solo es parcial y temporal.
Por eso El Pi exige que se garantice el mantenimiento de la plantilla y la negociación con los sindicatos, mantener una financiación de crédito a PYMES durante cinco años, sin requisitos de dependencia bancaria, una moratoria en el cierre de oficinas y la creación de una tabla de seguimiento con participación del Gobierno balear y el tejido empresarial de las Islas. Además, la formación pide que se aplique la fase 3 de la Ley de Defensa de la Competencia para imponer estas condiciones o, si hace falta, vetar la fusión.
“El Gobierno español no puede mirar hacia otro lado. Tiene que defender el interés general y proteger la pluralidad bancaria, la ocupación y el derecho al acceso financiero de los ciudadanos de las Islas”, ha concluido Miralles.