Ante las recientes noticias sobre cancelaciones de reservas turísticas a causa de la ocupación ilegal de hoteles y apartamentos en las Islas Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears manifiesta su profunda preocupación por la carencia de medidas efectivas por parte del Govern para combatir esta problemática que afecta gravemente la economía y la seguridad de nuestra comunidad.
Según informaciones recientes, un grupo de turistas alemanes ha cancelado su estancia al complejo hotelero Bellevue de Puerto de Alcúdia después de que una parte de las instalaciones fuera ocupada ilegalmente. Este hecho pone en evidencia la urgencia de actuar de manera decidida para evitar que situaciones similares se repitan y perjudiquen la imagen y el sector turístico de las Islas.
El Pi ha propuesto una modificación legal que permita a los propietarios recuperar sus inmuebles ocupados en un plazo máximo de 24 horas, tal como defendió nuestro portavoz al Consejo de Mallorca, Antoni Salas. Esta iniciativa búsqueda dotar los propietarios de las herramientas necesarias para afrontar con garantías y celeridad las ocupaciones ilegales que sufren.
Además, reclamamos la creación de una policía autonómica propia, tal como recoge nuestro Estatuto de Autonomía, para reforzar la seguridad y afrontar de manera más eficiente problemáticas específicas como la ocupación ilegal. Nuestro Coordinador General, Joan Miralles, ha destacado la importancia de contar con un cuerpo policial que conozca de primera mano la realidad de las Islas Baleares y que permita una mejor coordinación con las policías locales.
“Es inadmisible que, ante esta situación alarmante, la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, se mantenga al margen y no tome medidas contundentes para proteger los intereses de los ciudadanos y del sector turístico”, aseguren desde la formación. “Exigimos en el Govern que deje de mirar hacia otra banda y actúe con determinación para poner fin en esta lacra que amenaza la convivencia y la economía de nuestras islas”, insisten.
El Pi reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los propietarios, la seguridad ciudadana y la protección de nuestro principal motor económico, el turismo. No podemos permitir que la inacción y la carencia de voluntad política pongan en peligro el bienestar y el futuro de las Islas Baleares.