La comisión de Economía del Parlamento de las Islas Baleares ha dado luz verde a la iniciativa de El PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que propone reformar el código penal para hacer frente al intrusismo y garantizar una respuesta adecuada a estas prácticas fraudulentas.
Según la diputada de El Pi, Maria Antònia Sureda, “la respuesta penal actual es totalmente insuficiente, puesto que no recoge otros intrusismos más allá del ligado a título académico y porque el castigo previsto es demasiado suave. Con frecuencia este intrusismo tiene una dimensión tan pequeña o unas características singulares que el régimen jurídico sancionador administrativo no es eficaz para combatir estas prácticas”.
La diputada ha asegurado que el intrusismo “es una lacra que tiene evidentes consecuencias sociales negativas, debido a que genera un agravio comparativo en relación con la persona o empresa que cumple todos los requisitos y genera un descontrol sobre la calidad de los servicios que recibirán los ciudadanos”.
Por este motivo, la formación pide mucha más coordinación entre los poderes públicos competentes (inspectores de los ayuntamientos, consejos y gobierno balear, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado) que pasa por remitir las denuncias a fiscalía oa los juzgados en caso que pueda corresponder y hacer un seguimiento exhaustivo. «La normativa legal como el funcionamiento de los poderes públicos requieren un replanteamiento a fin de evitar que haya tanto intrusismo que en muchos casos también significa economía sumergida y fraude fiscal», ha concluido la diputada.