El grupo de El Pi-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca ha presentado una moción en el Pleno del Consell de Mallorca para instar el equipo de gobierno a aprobar un nuevo acuerdo de aplicación del proceso extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico. Esta petición viene motivada por el cambio normativo derivado de la sustitución del Decreto Ley 3/2024 por la Ley 7/2024, que ha generado una situación de inseguridad jurídica para propietarios y operadores jurídicos.
Según ha explicado el portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, «el cambio de normativa ha dejado en un vacío legal las peticiones de legalización que ya se habían iniciado, y ahora mismo no hay una regulación clara que garantice la seguridad jurídica de los afectados». Salas ha destacado que «el Consell tiene que actuar con celeridad para aprobar un nuevo acuerdo que evite esta situación de incertidumbre y permita continuar con el proceso de legalización».
Esta propuesta incluye dos acuerdos clave: por un lado, insta el equipo de gobierno del Consell de Mallorca a llevar al próximo Pleno un acuerdo para aplicar la nueva regulación de la Ley 7/2024, y de la otra, pide en el Govern Balear que impulse un cambio legal para establecer una disposición transitoria que regule el tráfico entre la normativa anterior y la nueva, evitando confusiones y perjuicios para los ciudadanos.
«Nuestro objetivo es garantizar que aquellos propietarios que cumplan los requisitos puedan regularizar su situación sin trabas ni contradicciones legales. No podemos permitir que el cambio normativo se traduzca en inseguridad y parálisis administrativa», ha concluido Salas.
Desde El Pi se hace un llamamiento en el gobierno del Consell y al Govern Balear para resolver esta problemática de manera rápida y efectiva, dando respuesta a una necesidad que afecta numerosos ciudadanos de la isla.