El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS manifiesta su profundo desacuerdo con la implementación del nuevo registro de viajeros impulsado por el Ministerio del Interior, que ya ha generado graves críticas por parte del sector turístico y de la sociedad en general. Esta medida, lejos de ofrecer soluciones, supone un nuevo ataque al sector más importante de nuestra economía y un ejemplo flagrante de incompetencia y desconocimiento de la realidad de las Islas Baleares.
El nuevo registro impone una burocracia desmesurada a las empresas turísticas, especialmente a las pequeñas y medias, que son mayoritarias en las Islas Baleares. La recogida de hasta 42 datos personales por cada cliente no solo incrementa la complejidad del proceso de admisión, sino que también aumenta los costes operativos y compromete la competitividad de nuestro sector turístico, el motor económico de las Islas.
Por otro lado, la obligación de conservar datos delicados durante tres años plantea riesgos evidentes para la privacidad y la seguridad de los viajeros. Desde el mismo sector de protección de datos se han alertado de posibles filtraciones o robos de información, con graves consecuencias para la confianza de los turistas.
Además, el exceso de requisitos administrativos provoca una experiencia negativa para los visitantes, que pueden percibir las Islas Baleares como un destino complicado y poco atractivo. En un mercado global altamente competitivo, esto puede desincentivar la llegada de turistas y poner en peligro nuestra principal fuente de riqueza.
Esta normativa ha sido impuesta de manera unilateral, sin consenso con el sector turístico ni con las instituciones locales. Los continuos errores técnicos de la plataforma digital destinada al registro solo han agraviado la confusión y la incertidumbre entre los operadores, explican desde la formación.
Ante esta situación, El Pi exige responsabilidades al Ministerio del Interior y reclama la retirada inmediata de esta normativa. Las Islas Baleares no pueden continuar pagando el precio de decisiones arbitrarias y mal planificadas que ponen en riesgo nuestro futuro económico y social.
El Pi reitera su compromiso con el sector turístico y la defensa de los intereses de las Islas Baleares ante las imposiciones de Madrid. Nuestras islas merecen políticas adaptadas a su realidad y no mesuras que dificulten todavía más el día a día de nuestras empresas y residentes.