Ante la propuesta del Gobierno español de tramitar el Decreto Ómnibus, El Pi – Proposta per les Illes Balears manifiesta su disconformidad con la inclusión de medidas referentes a la revalorización de las pensiones y las ayudas a los afectados por la DANA dentro de un paquete legislativo que también contempla incrementos del IVA en alimentos básicos o la electricidad.
Esta propuesta legislativa no tenía en cuenta los sobrecostes que sufren los ciudadanos de las Islas Baleares derivados de la insularidad, una realidad que hace que el coste de la vida sea mucho más elevado que en otras partes del Estado. “No puede ser que un pensionista de Extremadura cobre el mismo que uno de las Islas Baleares, porque la vida en las Islas cuesta, de media, un 2’8% más”, explican. “Es inadmisible que se juegue con el bienestar de los más vulnerables, sometiendo a chantaje el Parlamento y la ciudadanía con la estrategia del todo o nada”, aseguren desde la formación.
“Ayudas esenciales como la revalorización de las pensiones y el apoyo a los damnificados por desastres naturales no pueden estar sujetos a negociaciones que incluyan medidas lesivas para el conjunto de la sociedad, especialmente para territorios con condiciones socioeconómicas particulares como las nuestras”, insisten.
Por eso El Pi exige:
- La separación inmediata de las medidas sociales del Decreto Ómnibus: Las pensiones y las ayudas tienen que ser tramitadas y aprobadas de forma independiente, priorizando las necesidades urgentes de los ciudadanos sin condicionantes inaceptables.
- Un compromiso real con el bienestar de la población más vulnerable: Estas medidas no pueden ser moneda de cambio en un decreto que incluye incrementos que afectan directamente el poder adquisitivo de las familias.
- Un reconocimiento de los sobrecostes de la insularidad: El Gobierno español tiene que asumir que las Islas Baleares, por su carácter insular, sufren una carga económica añadida que se ve agraviada por cualquier aumento de los costes básicos. No tenerlo en cuenta en decisiones legislativas como esta es una muestra de insensibilidad y desconocimiento.
- Más transparencia y rigor en la gestión legislativa: Es esencial acabar con la práctica de concentrar medidas tan dispares en un solo decreto, que solo genera división y desacuerdos políticos evitables.
“No hacen falta dos semanas ni dos días para aprobar decretos de medidas sociales si hay una voluntad real de proteger las personas afectadas por situaciones adversas. El Gobierno español tiene la obligación de ser responsable y de actuar con celeridad y equidad”, dicen.
El Pi reitera su compromiso con una política más justa, transparente y que priorice el bienestar de todos los ciudadanos, con especial atención a las necesidades de los habitantes de las Islas Baleares. Reclama en el Gobierno español que rectifique y incorpore medidas que tengan en cuenta la singularidad de nuestro territorio.