El Pi considera que cualquier nueva promoción urbanística o medida en materia de vivienda tiene que tener un objetivo claro: garantizar que las viviendas vayan destinados a los residentes de las Islas y no mercados de no residentes que alimentan la especulación y hacen crecer los precios.
El coordinador general de El Pi, Joan Miralles, ha defendido que “la vivienda nueva construida tiene que ser para los quien vive y trabajan en las Islas Baleares todo el año”. En este sentido, ha remarcado que “liberar suelo rústico solo tiene sentido si sirve para cubrir las necesidades reales de nuestra gente”.
Miralles ha explicado que El Pi apuesta por un modelo turístico y territorial sostenible, que combine el desarrollo económico con la protección del territorio y la cohesión social. “No podemos hablar de sostenibilidad si expulsamos los residentes del mercado de la vivienda. El futuro de las Islas pasa para garantizar que la gente pueda vivir y arraigar en su pueblo”, ha añadido.
Por eso, El Pi propone que toda nueva construcción o política de vivienda incorpore mecanismos de protección para garantizar que estas viviendas sean para residentes, y pide en el Govern que rectifique las medidas que abren la puerta a la compra masiva de viviendas por parte de no residentes.
En concreto, El Pi ha hecho explícita su propuesta de establecer como requisito para optar en una vivienda protegida que la persona acredite mínimo 15 años de residencia histórica en las Islas Baleares, para garantizar que las viviendas públicas o protegidos sean prioritarios para las personas que viven y trabajan de forma continuada al archipiélago.