Ante la aprobación del Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, El Pi considera que esta es una cuestión que tiene que ser fruto de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. “Es imprescindible que el Gobierno actúe como facilitador de este diálogo y haga un esfuerzo para promover un consenso que garantice el equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la viabilidad económica de las empresas”, aseguran desde la formación.
Además, El Pi pide que cualquier reforma en este sentido tiene que contemplar la realidad diferenciada de las empresas según su medida y actividad. “No es el mismo una gran empresa que una pequeña o mediana empresa (PYME) o un autónomo”, explica. “Hace falta que la normativa distinga claramente estos casos para evitar una sobrecarga que pueda afectar especialmente los pequeños empresarios y autónomos, que son el motor económico de muchas zonas de nuestro territorio”.
La formación asegura que también es fundamental diferenciar el caso de las empresas estacionales, especialmente aquellas vinculadas al sector turístico, donde la mayor parte de los trabajadores son fijos discontinuos y desarrollan su actividad durante la temporada alta, pero descansan entre cuatro y seis meses en invierno. Estas particularidades se tienen que tener en cuenta para evitar perjuicios tanto para las empresas como para los trabajadores.
Así mismo, El Pi considera imprescindible abordar otros aspectos como la lucha contra el absentismo laboral, la potenciación de la formación continuada y una mayor flexibilidad en la regulación de las horas extras. “Estas medidas pueden contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y asegurar unas condiciones laborales más adaptadas a las necesidades actuales del mercado”, explican desde la formación.
Por todo esto, El Pi defiende que cualquier reforma en la jornada laboral se tiene que llevar a cabo mediante el diálogo social, teniendo en cuenta las necesidades de todos los sectores productivos y garantizando la sostenibilidad de la ocupación y de las empresas de las Islas Baleares.