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El Pi–Proposta per les Illes defenderá en el próximo Pleno del Consell de Mallorca una moción para reclamar la cesión íntegra del IVA que generen los establecimientos turísticos de Mallorca, con el objetivo de financiar planes de rehabilitación integral en las zonas turísticas maduras degradadas y mejorar las infraestructuras turísticas de la isla.

El portavoz de El Pi en Consell, Antoni Salas, ha explicado que “hace décadas que oímos hablar de planes de dinamización turística, de reconversión o de mejora urbana. Pero la realidad es tozuda: muchas zonas turísticas están peor que nunca”. Según Salas, “hay barrios enteros con edificios viejos, aceras impracticables, falta de espacio público de calidad y una presencia creciente de actividades ilegales que degradan completamente la zona”.

Según el portavoz, esta situación “no es solo un problema urbanístico, sino un problema social, que afecta la convivencia, el bienestar de los residentes y la reputación turística de Mallorca”. Además, Salas recuerda que “en plena crisis de vivienda, es inadmisible que tenguem zonas degradadas donde el suelo urbano está mal aprovechado y podría aportar vivienda más eficiente y sostenible”.

A pesar de que Mallorca cierra temporadas turísticas de récord, El Pi considera que el Estado continúa incumpliendo con la isla, porque “recaudamos como una comunidad rica pero recibimos como una comunidad pobre”, en palabras de Salas. “Somos líderes en generación de recursos, especialmente a través del turismo, pero el retorno en Mallorca es ridículo, mientras bajamos posiciones en renta per cápita y bienestar dentro de la Unión Europea”.

La moción de El Pi pide que el Consell de Mallorca impulse, conjuntamente con los ayuntamientos afectados, Planes de Rehabilitación Integral para reordenar y dignificar las zonas turísticas maduras degradadas; que el Gobierno del Estado ceda el 100% del IVA generado por los establecimientos turísticos de Mallorca al Consell insular, destinándolo íntegramente a la rehabilitación y mejora de infraestructuras turísticas; y que la moción se remita del Consell de Mallorca al Govern Balear, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Hacienda.

Salas ha remarcado que “no se trata solo de mejorar la imagen turística, sino de garantizar la calidad de vida de los residentes”. Y añade: “Si realmente todos los partidos dicen que vuelan una Mallorca más sostenible, más digna y más competitiva, esta es la oportunidad de demostrarlo con hechos”.

El Pi–Proposta per les Illes Balears, que ahora se integra dentro de la coalición Per Mallorca, ha presentado una moción al pleno de diciembre del Consell de Mallorca para rechazar la reforma derivada de la Ley 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de la Justicia. La formación advierte que esta normativa “pose en riesgo el funcionamiento de los juzgados de Mallorca”, especialmente a los partidos judiciales de Inca, Manacor y Palma, ya fuertemente tensionats.

Según el partido, la reforma no tiene en cuenta la realidad territorial de la isla, no garantiza una transición ordenada y no aporta los medios humanos y materiales necesarios para reducir el colapso actual.

La portavoz suplente de El Pi en el Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha remarcado que “el que necesitan los juzgados no es una reorganización improvisada, sino más personal, más recursos y una gestión adaptada a la realidad insular”.

Vives también ha defendido que la Justicia tiene que permanecer próxima en los ciudadanos y ha reclamado que el Gobierno de las Islas Baleares impulse la transferencia de competencias para poder ofrecer “un servicio más eficiente y ajustado en el territorio”.

La moción pide suspender la aplicación del nuevo modelo a los partidos judiciales afectados y reclama una reforma consensuada que refuerce realmente los recursos del sistema judicial.

El Pi-Proposta per les Illes ha reclamado hoy un giro urgente en las políticas audiovisuales de las instituciones de Mallorca después de la polémica generada por una serie sueca que retrata ricos extranjeros que compren casas en la isla y se ríen de los mallorquines.

El partido denuncia que esta situación es consecuencia de un modelo que no impulsa la producción propia, después de que IB3 haya dejado de producir ficción, que la Fundación Mallorca Turismo autorizara rodajes que caricaturizan la realidad local mientras deniega ayudas a proyectos críticos con el modelo turístico, y que las ayudas públicas al sector sean insuficientes: “En Mallorca solo se puede llegar a financiar un 20% del presupuesto de un largometraje”, recuerdan.

Además, El Pi critica que Mallorca recibe un 0% de la cuota que RTVE y las plataformas tienen que destinar a producciones en catalán, mientras otros territorios sí que reciben: 1,7 millones de euros anuales al País Valenciano y 11 millones en Cataluña.

Joan Miralles, coordinador general de El Pi, afirma que “no podemos permitir que el relato audiovisual de Mallorca lo hagan terceros que se ríen de nosotros mientras nuestra industria está abandonada. Es una situación incomprensible.”

“Exigimos un compromiso real para impulsar ficción propia y apoyar a las productoras mallorquinas. Mallorca tiene que poder contar su historia con voz propia y dignidad”, ha sentenciado el coordinador General.

Mallorca tiene una nueva propuesta política. Bajo el nombre PER MALLORCA, se ha presentado una coalición que une El PI, SOM Mallorca y diversas personas independientes con el objetivo de agrupar y revitalizar el mallorquinismo político. La nueva formación reivindica la necesidad de dar voz propia a la isla frente a un panorama dominado —según aseguran— por el sucursalismo y la dependencia de los grandes bloques estatales.

La coalición es define como un proyecto transversal, moderno y abierto, que aspira a superar el eje izquierda-derecha y centrar la acción política en aquello que beneficia Mallorca: vivienda digna, protección del territorio, modernización económica, defensa de la lengua y cultura, y calidad de vida para los residentes. La voluntad es estar presente en el Govern balear, en el Consell, en los ayuntamientos y, a medio plazo, en las instituciones estatales.

“Estamos impulsando una cosa nunca intentada: un espacio que ponga Mallorca y los mallorquines por encima de todo”, declaró Joan Serra, coordinador de la coalición.

El presidente de El Pi, Tolo Gili, fue contundente: “Nos declararemos radicalmente mallorquines. Nos plantaremos ante quienes haga falta para que la política tenga un único objetivo: los mallorquines primero.”

Por su parte, el presidente de SOM Mallorca, Joan Lladó, reivindicó el derecho a tener poder político propio: “Sin esta voz propia, solo somos espectadores sin capacidad de decisión como pueblo.”

El acto de presentación, celebrado en el patio del Estudi General Lul·lià, contó con más de 400 personas y un marcado componente simbólico y emocional. Unos jóvenes leyeron el manifiesto fundacional, que a continuación fue firmado por los presidentes de los partidos impulsores. Después, se presentó la imagen corporativa y es desplegó una bandera de Mallorca de más de nueve metros. El acto es cerró con el canto colectivo de La Balanguera y un brindis con vi de la Tierra.

Los impulsores insisten que este no es un punto de llegada, sino el primer paso de un proyecto político que aspira a gobernar los instituciones de Mallorca con una voz propia, unida y sin complejos.

El Pi-Proposta per les Illes ha reaccionado a la información publicada sobre la baja ejecución de los proyectos financiados a través de la ecotasa. El partido considera “muy preocupante” que, a pesar de disponer de los recursos, el Gobierno sea incapaz de llevar adelante las iniciativas que tenía previstas.

Desde El Pi recuerdan que la ecotasa, más allá de ser una herramienta imprescindible para compensar el déficit fiscal que sufren las Islas Baleares, tiene que tener una traducción real en proyectos que mejoren el territorio, el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes. En cambio, la información publicada evidencia que muchos proyectos están encallados o directamente no se han ejecutado.

“La realidad es que la ecotasa está sirviendo para paliar el déficit fiscal, pero esto no puede justificar la carencia de gestión del Gobierno. Tener recursos y no saberlos emplear es una irresponsabilidad”, asegura el Coordinador General de El Pi, Joan Miralles.

“Las Islas necesitan un Govern que planifique, que ejecute y que dé resultados. No podemos permitir que millones de euros queden sin utilizar mientras hay proyectos ambientales y sociales que esperan financiación”, insiste.

Recuerda Miralles que “desde El Pi pedimos al Govern que haga su trabajo, que simplifique los procedimientos y que ejecute los proyectos previstos. La ecotasa tiene que ser un instrumento útil para transformar nuestro modelo y no una oportunidad perdida.”

El Pi reclama que el ejecutivo presente con urgencia un plan de recuperación de los proyectos aplazados, con calendario concreto y criterios de transparencia, y recuerda que la ciudadanía merece ver resultados tangibles de uno de los impuestos más relevantes para el futuro de las Islas Baleares.

El Pi – Proposta per les Illes ha registrado una moción en el Consell de Mallorca para impulsar nuevas medidas que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y jóvenes familias de la isla. La formación considera que la crisis de la vivienda es una de las consecuencias más graves de la sobrepoblación que sufre Mallorca, y que las instituciones tienen que encontrar soluciones transformadoras y sostenibles que beneficien realmente la población autóctona.

Entre las propuestas concretas, El Pi pide crear cooperativas de vivienda para jóvenes con un mínimo de 15 años de residencia en Mallorca, a las cuales se tiene que facilitar suelo edificable y garantías de financiación. Además, propone que el Govern de las Islas Baleares y el IB-Jove amplíen la Hipoteca Joven para que se pueda aplicar también a la rehabilitación integral de viviendas heredadas o a la construcción de una nueva vivienda en un solar familiar.

El portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, explica que “muchos jóvenes mallorquines no pueden permitirse una vivienda, ni siquiera con ayudas, porque la demanda desbocada y los precios hinchados los han expulsado del mercado”. Según Salas, “no podemos resignarnos a que una generación entera tenga que vivir de alquiler eterno o renunciar a quedar en Mallorca por carencia de oportunidades”.

El portavoz recuerda que El Pi ya había propuesto “planes de rehabilitación integral de barrios, como medida para optimizar el suelo urbano, revitalizar zonas degradadas y dar nuevas oportunidades a la gente joven”, pero lamenta que “todavía no se hayan visto movimientos en esta línea”.

Salas subraya que “las soluciones no pueden pasar para liberalizar más suelo y continuar alimentando la sobrepoblación, sino para hacer más eficiente y accesible el uso del suelo urbano ya existente”. Y añade: “Mallorca necesita políticas de vivienda que piensen en los mallorquines, no en quienes viene de fuera a especular con una segunda residencia”.

Con esta moción, El Pi vuelve a situar el debate sobre la vivienda en el centro de la política insular y reafirma su compromiso con un modelo que garantice calidad de vida, arraigo y oportunidades para los jóvenes de Mallorca.

El Pi – Proposta per les Illes ha presentado una moción en el Consell de Mallorca en que pide la creación de una comisión que gestione el traslado de los Caps de Bou de Costitx del Museo Arqueológico Nacional (MAN) al Museo de Mallorca.

Estas piezas, encontradas en 1895 en el yacimiento de Son Corró de Costitx, son consideradas uno de los elementos más destacados del patrimonio arqueológico mallorquín, tanto por su estado de conservación como por la técnica con que fueron elaboradas. Este año hace 140 años de su descubrimiento, y desde entonces han estado numerosas las iniciativas que han reclamado su retorno en la isla.

Según recuerda El Pino, los Jefes de Bou solo volvieron a Mallorca de manera temporal en 1995, en una exposición organizada por el Consejo de Mallorca al Museo de Mallorca. El partido destaca que ambos museos —tanto el MAN como el Museo de Mallorca— tienen titularidad total o parcial del Ministerio de Cultura, hecho que facilitaría un traslado coordinado sin conflictos de propiedad.

La moción de El Pi insta el Ministerio de Cultura, el Gobierno de las Islas Baleares, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Costitx a crear una comisión conjunta que impulse y gestione el retorno definitivo de estas piezas en Mallorca.

El portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca y alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha subrayado que “los Caps de Bou son mucho más que unas piezas arqueológicas; son un símbolo de nuestra historia e identidad como pueblo. Tienen que poder ser admiradas y estudiadas en Mallorca, cerca del lugar donde fueron encontradas”.

Salas ha añadido que “hace demasiados años que estas figuras estan lejos de su casa. Es hora que las instituciones den un paso adelante y colaboren para volverlas en Mallorca, sin disputas políticas ni burocráticas, sino con sentido común y aprecio por nuestro patrimonio”.

Desde El Pi– Proposta per les Illes, expresamos nuestro apoyo a la condonación parcial de la deuda autonómica, pero denunciamos que esta medida es solo un parche que no resuelve el problema estructural de fondo: el expolio fiscal y la infrafinanciación crónica que sufren las Islas Baleares.

El coordinador general de El Pi, Joan Miralles, ha estado claro: “Este acuerdo es un nuevo ejemplo de cómo el Govern del PP y Vox ha renunciado a defender los intereses de los residentes de las Islas. Han aceptado ser una delegación de Madrid, y esta sumisión empobrece cada día más los ciudadanos de estas islas.”

Según los datos económicos, las Islas Baleares pierden cada año más de 6.226 millones de euros por el expolio fiscal —un 14,2% del PIB—, mientras que la condonación anunciada es de solo 1.741 millones. “En un solo año, las Islas aportamos en el Estado cuatro veces más del que ahora se nos perdona. Y el Govern del PP y Vox lo acepta en silencio, sin hacer frente ni defender el que nos corresponde. Esta actitud es la que empobrece los residentes”, ha subrayado Miralles.

Con estos 6.226 millones anuales que se escapan hacia Madrid, las Islas podrían construir más de mil escuelas públicas, más de sesenta hospitales comarcales o más de cuarenta mil viviendas sociales cada año. “Este es el coste real de no tener voz propia, de obedecer intereses de partido antes de que los de nuestra gente”, ha añadido el coordinador general.

Ante esta situación, El Pi reclama un cambio de rumbo y una defensa firme de nuestro autogobierno: Un concierto económico propio para las Islas Baleares, como lo del País Vasco Navarra, para poder recaudar y gestionar nuestros propios impuestos. El fin del expolio fiscal y la creación de un sistema de financiación justa, basado en la equidad y la corresponsabilidad. Un Gobierno valiente y libro de tutelas de partido, que ponga por ante los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares.

“El PP y Vox se han arrodillado ante Madrid y esto empobrece las Islas. El Pi no lo haría nunca. Si gobernáramos, ya habríamos exigido un concierto económico propio y un REB real. No volamos parches, volamos justicia fiscal e igualdad de oportunidades para todos los residentes”, ha concluido Joan Miralles.

Tots–El Pi Pollença ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Pollença tenía constancia del proyecto de la futura planta de almacenamiento de baterías de litio desde hace un año, a pesar de que el equipo de gobierno, formado por PSOE y Más por Pollença, ha asegurado que tuvo noticia a través del BOIB y de la prensa.

El Pi-Proposta per les Illes ha celebrado que se vuelva a poner encima la mesa la recuperación del Convenio de Carreteres entre el Consell de Mallorca y el Gobierno del Estado, después de participar en la reunión con la Dirección Insular de Carreteras, donde se ha presentado una propuesta de inversiones por valor de 230 millones de euros.

El portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha destacado que “es una muy buena noticia que el convenio vuelva a andar y que la propuesta incluya muchas de las actuaciones que El Pi ha defendido tanto en el Consell como en los municipios. Es un paso adelante importante para mejorar la seguridad y la movilidad en Mallorca”.

El Pi ha expresado su satisfacción porque entre las inversiones previstas figuran proyectos coincidentes con sus propuestas como el enlace de la autopista de Andratx con Cala Mayor, las variantes de Inca, Artà o Sencelles, la mejora de carreteras como Palmanyola–Se Esglaieta, Llubí–Santa Margalida o Llucmajor–Algaida, y rotondas como la de Cala San Vicenç en Pollença, entre otras muchas.

Aun así, Salas ha propuesto actualizar la cuantía económica del convenio para adecuarla a la realidad actual: “230 millones de euros del 2009 no son 230 millones del 2025. Si queremos un convenio realmente útil, justo y con capacidad para transformar la red viaria, tenemos que actualizar esta cifra”, ha explicado.

El Pi se ha mostrado dispuesto a continuar trabajando de manera constructiva y en positivo con el resto de fuerzas políticas y con el Consell para conseguir un acuerdo sólido y de consenso antes de que el documento se eleve en el Gobierno del Estado.

“Desde El Pi siempre estaremos a favor de las inversiones que mejoren Mallorca y la vida de los residentes. Queremos un convenio actualizado, con sentido común y que responda a las necesidades reales del territorio”, ha concluido Salas.

El Pi-Proposta per les Illes Balears defiende que el catalán tiene que ser oficialmente la única lengua vehicular de la enseñanza pública en las Islas Baleares y rechaza cualquier propuesta que pretenda reducir la presencia o equipararlo al castellano dentro de las aulas, porque el estatus del castellano y el catalán no son iguales.

Desde el partido recuerdan que el catalán necesita ser una lengua de prestigio y útil para garantizar el futuro, y que mantenerlo como lengua vehicular es la mejor manera de garantizar que los niños y jóvenes de las Islas aprendan y utilicen nuestra lengua propia.

Antoni Salas, portavoz de El Pi, ha afirmado que: “El catalán tiene que continuar siendo la lengua vehicular de la enseñanza. Si le quitamos prestigio y utilidad, lo condenaremos a convertirse en una lengua muerta. Y esto, como pueblo, sería la muerte de nuestra manera de ser”.

El Pi subraya que el castellano ya tiene su obligatoriedad de conocimiento blindada por la Constitución española, de forma que toda la población en general está obligada a saberlo. Además, los estudiantes escolarizados en las Islas Baleares acaban con una competencia suficiente en castellano, tal como demuestran todos los datos educativos.

En palabras de Salas: “Todos los estudiantes salen hablando castellano, pero no todos en catalán. Si continuam rebajando el papel del catalán dentro de la escuela y dentro de la sociedad, perderemos la herramienta más potente para mantener viva nuestra lengua y nuestra identidad”.

El Pi pide en el Gobierno y en el Parlamento de las Islas Baleares que blinden el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo, garantizando a la vez el respeto y la promoción de las modalidades insulares propias de Mallorca, Menorca e ibiza-Formentera.

El Pi considera que cualquier nueva promoción urbanística o medida en materia de vivienda tiene que tener un objetivo claro: garantizar que las viviendas vayan destinados a los residentes de las Islas y no mercados de no residentes que alimentan la especulación y hacen crecer los precios.

El coordinador general de El Pi, Joan Miralles, ha defendido que “la vivienda nueva construida tiene que ser para los quien vive y trabajan en las Islas Baleares todo el año”. En este sentido, ha remarcado que “liberar suelo rústico solo tiene sentido si sirve para cubrir las necesidades reales de nuestra gente”.

Miralles ha explicado que El Pi apuesta por un modelo turístico y territorial sostenible, que combine el desarrollo económico con la protección del territorio y la cohesión social. “No podemos hablar de sostenibilidad si expulsamos los residentes del mercado de la vivienda. El futuro de las Islas pasa para garantizar que la gente pueda vivir y arraigar en su pueblo”, ha añadido.

Por eso, El Pi propone que toda nueva construcción o política de vivienda incorpore mecanismos de protección para garantizar que estas viviendas sean para residentes, y pide en el Govern que rectifique las medidas que abren la puerta a la compra masiva de viviendas por parte de no residentes.

En concreto, El Pi ha hecho explícita su propuesta de establecer como requisito para optar en una vivienda protegida que la persona acredite mínimo 15 años de residencia histórica en las Islas Baleares, para garantizar que las viviendas públicas o protegidos sean prioritarios para las personas que viven y trabajan de forma continuada al archipiélago.

Después del plenario extraordinario del Consell de Mallorca, El PI – Proposta per les Illes considera que ha quedado patente que la crisis de la Consellería Insular de Turismo no es solo el resultado de una gestión nefasta del conseller, sino, sobre todo, de la cobardía y la incompetencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, incapaz de asumir decisiones y de dar la cara ante una evidencia incontestable.

Antoni Salas, portavoz de El PI, ha afirmado: “Hoy hemos comprobado que el presidente no gobierna: se esconde. Mantiene un conseller desacreditado porque le falta coraje y capacidad. Esta actitud es indigna del cargo y perjudica Mallorca”.

El partido denuncia que Galmés ignora un clamor social y económico prácticamente unánime, hace tarde siempre y rehuye el diálogo real con el sector y los municipios. “Su pasividad bloquea la acción pública y degrada la credibilidad institucional. Es una fuga de responsabilidad que deja la política turística a la deriva, sin rumbo ni liderazgo”, ha remarcado Antoni Salas.

“La fotografía de hoy es clara: un consejero que no puede continuar y un presidente que no quiere decidir. Esta combinación de negligencia y miedo está haciendo daño a nuestra economía, a nuestra imagen y a la convivencia entre residentes y actividad turística”, ha subrayado el portavoz del PI.

Para El PI, el que se ha visto al plenario confirma que el problema de fondo es el presidente: “Cuando un líder prefiere sostener el error antes de que afrontarlo, condena toda la administración al descrédito. Galmés ha elegido la cobardía y esto tiene consecuencias”, ha concluido Salas.

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha denunciado hoy la grave situación de inseguridad que viven los vecindarios de se Arenal de Llucmajor, después de que varios medios de comunicación hayan informado que los residentes se organizan en grupos para salir juntos y evitar ser asaltados.

La presidenta de El Pi Palma, Catalina Barceló, ha calificado la situación de “inadmisible” y ha asegurado que “cuando los vecinos tienen que hacer patrullas vecinales o tienen miedo de ir solos por la calle, quiere decir que el sistema de seguridad pública ha fracasado”.

Barceló ha reclamado la creación de una policía autonómica que permita dar una respuesta más eficaz y próxima a los problemas reales de los ciudadanos. “Necesitamos un cuerpo de seguridad propio, adaptado al territorio, con capacidad de planificación y de respuesta inmediata. No puede ser que nuestra seguridad dependa de efectivos insuficientes y de una estructura estatal que no conoce ni la realidad ni las necesidades de las Islas”, ha afirmado.

La presidenta de El Pi Palma ha recordado que “la inseguridad ciudadana es uno de los principales motivos de preocupación a Palma y a sus barrios” y ha exigido al Govern balear y a los ayuntamientos que actúen de manera coordinada para garantizar la convivencia y la seguridad. “Los ciudadanos tienen derecho a vivir tranquilos y sin miedo. No podemos permitir que se Arenal ni otro barrio de Mallorca se convierta en una zona abandonada por las instituciones”, ha concluido Barceló.

El Pi – Proposta per les Illes denuncia la grave agresión lingüística sufrida recientemente por una joven profesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), expulsada de una tienda de Hipermueble en Palma después de dirigirse en catalán.

El coordinador general de El Pi, Joan Miralles Plantalamor, ha calificado los hechos de “gravísimos e intolerables” y ha afirmado que “en las Islas Baleares nadie tendría que ser humillado o expulsado de un comercio por hablar su lengua propia”.

“Este caso pone en evidencia que la discriminación lingüística continúa siendo una realidad demasiada presente y que el Govern tiene que actuar con firmeza. No puede ser que la lengua propia de las Islas Baleares sea motivo de exclusión o de vejación en pleno siglo XXI”, ha declarado Miralles.

El Pi considera que la política lingüística del Govern del PP y VOX es totalmente inexistente, y que “el único objetivo que tiene es despreciar la lengua propia y desmantelar cualquier instrumento de protección del catalán”.

Según Miralles, “han eliminado programas, han silenciado campañas y han vaciado de contenido la Oficina de Drets Lingüístics. Esta dejadez institucional alimenta los comportamientos intolerantes que hoy volvemos a ver”.

Ante esta situación, El Pi exige al Govern de les Illes Balears la reactivación inmediata de la Oficina de Drets Lingüístics, con recursos suficientes para atender denuncias, tramitar expedientes y sancionar conductas discriminatorias; la creación de un registro público de incidentes de discriminación lingüística, para garantizar transparencia y seguimiento; el impulso de una campaña de sensibilización dirigida a empresas y ciudadanía para recordar que el uso del catalán es un derecho, no una opción condicionada; la revisión de la normativa autonómica para asegurar que todos los comercios puedan ofrecer atención en catalán y que los trabajadores reciban formación lingüística adecuada.

Joan Miralles ha insistido que “el catalán es parte esencial de la identidad de las Islas Baleares, y defenderlo no es ningún ataque a nadie: es defender el respeto y la convivencia”.

“El Govern tiene que garantizar que los ciudadanos puedan vivir plenamente en la lengua propia de las islas. Si permitimos que estas situaciones queden impunes, estambre renunciando a nuestra propia dignidad como pueblo”, ha añadido el coordinador de El Pi.

El Pi hace un llamamiento a todas las instituciones y a la sociedad civil para sumar esfuerzos y defender el derecho de todos los isleños a vivir en catalán, con normalidad, respeto y sin miedo.

El Pi-Proposta per les Illes considera un disparate que Frontex no esté actuando directamente en las Islas Baleares en la ruta migratoria de Argelia hacia las Islas Baleares, y que el Estado español no haya hecho la petición formal porque intervenga. Así lo ha expresado el portavoz del partido en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, después de conocer la noticia.

Según datos oficiales, en los últimos dos años han llegado más de 10.000 personas en las Islas Baleares por esta vía, una cifra equivalente a la población de Binissalem. “Si esto es sostenible para las Islas Baleares, por España o por la Unión Europea, que vengan y nos lo expliquen”, ha declarado Salas.

“Es un disparate que Frontex no actue aquí, en la ruta de Argelia hacia las Islas, y no entendemos que el Estado no haya hecho la solicitud correspondiente. Nosotros consideramos que se tiene que actuar con todos los medios posibles, tanto los del Estado como los de la Unión Europea”, ha insistido el portavoz de El Pi.

Salas ha recordado que esta misma demanda ya fue presentada por El Pi en el Consell de Mallorca, mediante una moción que instaba a reforzar la colaboración con el Estado y la Unión Europea para hacer frente a esta situación y garantizar recursos suficientes para las Islas.

El portavoz ha criticado también que desde el Gobierno central se diga que “todavía es demasiado presto por habla de una ruta consolidada” cuando la realidad muestra un incremento constante de llegadas. “Es evidente que esta ruta ya está consolidada y que necesitamos una respuesta urgente, coordinada y con medios europeos”, ha remarcado.

Además, Salas ha advertido que no se puede hacer un centro de migrantes al puerto o en el paseo marítimo de Palma, como se ha llegado a plantear. “En Mallorca hay muchas instalaciones militares del Estado que podrían adaptarse y utilizarse para esta función. No podemos improvisar”, ha concluido.

El Pi–Proposta per les Illes ha denunciado la carencia de seguridad jurídica que sufren los propietarios de viviendas en Mallorca y en las Islas Baleares, una situación que, según la formación, es una de las principales causas de la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta el conjunto de las Islas.

Según ha recordado el portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, “es ridículo que el mismo Gobierno central no se ponga manos a la obra para proteger los propietarios. Están totalmente desamparados ante las okupaciones, los impagos o los destrozos en sus pisos, y así es imposible que saquen las viviendas vacías al mercado”.

El Pi recuerda que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 105.000 viviendas vacías en las Islas Baleares, muchos de ellos propiedad de particulares que no se atreven a alquilar por carencia de garantías legales.

“No puede ser que el Gobierno central saque ayudas para paliar la morosidad cuando tienes okupas o inquiokupes en situación de vulnerabilidad, y después ellos mismos acumulen meses de retraso en los pagos”, ha añadido Salas, quienes considera la situación “totalmente kafkiana”.

Para El Pi, la solución al problema de la vivienda pasa por reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y agilizar los procesos administrativos y judiciales. “Sin confianza en el sistema, no habrá ofrecida de vivienda. Y sin oferta, seguirán subiendo los precios y empeorando la situación para todo el mundo”, ha concluido el portavoz.

El partido exige al Gobierno central y al Govern de les Illes Balears que dejen de criminalizar los pequeños propietarios y que impulsen reformas legales urgentes para garantizar el cumplimiento de los contratos y la protección efectiva de la propiedad privada.

El Pi – Proposta per les Illes denuncia que las nuevas medidas planteadas por el Gobierno español, que incluyen un aumento de las cuotas de los autónomos a partir de 2026, suponen una nueva vez para miles de pequeños profesionales de las Islas Baleares. El partido lamenta que, una vez más, se tomen decisiones desde Madrid sin tener en cuenta las particularidades económicas y sociales de las Islas.

El coordinador general de El Pi, Joan Miralles, ha afirmado que “los autónomos son el corazón económico de las Islas Baleares, pero Madrid los trata como si fueran una gran empresa. Necesitan apoyo, no más trabas”.

Miralles ha remarcado que la situación en los territorios insulares es especialmente complicada por la insularidad, la estacionalidad y el coste de vida más elevado, factores que tendrían que traducirse en un trato fiscal y laboral específico.

“Los autónomos no vuelan privilegios; quieren poder vivir de su esfuerzo con dignidad”, ha subrayado el coordinador general. “El Gobierno español tiene que dejar de mirar hacia otra banda y empezar a escuchar quienes sostienen el tejido económico del país.”

El Pi reclama en el Gobierno central y a las instituciones de las Islas Baleares que impulsen medidas reales y efectivas para proteger los autónomos.

Entre las ellas destacan: que las cuotas e impuestos sean más justos para los pequeños profesionales, una protección social real en caso de cese de actividad o la participación directa de los autónomos en la toma de decisiones que los afectan.

El Pi-Proposta per les Illes Balears, a través de su presidenta a Palma, Catalina Barceló, ha expresado su rechazo frontal a la construcción de una gasolinera en la zona de Ses Fontanelles, en la Playa de Palma, y su apoyo total a la recogida de firmas iniciada por los vecinnos del barrio.

Según la información publicada por UltimaHora, el proyecto prevé la instalación de una estación de servicio a tocar de una zona residencial y a pocos metros del espacio natural protegido de Ses Fontanelles, uno de las últimas zonas húmedas que quedan a la bahía de Palma. Tanto las asociaciones vecinales como varios colectivos ecologistas alertan del riesgo ambiental, acústico y de seguridad que supondría su construcción.

Catalina Barceló, presidenta de El Pi Palma, ha afirmado que “esta gasolinera es una nueva agresión al territorio y a la convivencia vecinal”. “No podemos permitir que, en pleno 2025, se continúen autorizando proyectos que ponen en riesgo la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Además, está situada muy cerca de un espacio natural que se tendría que proteger, no amenazar”.

Barceló ha recordado que el partido ya ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de revisar el modelo de planificación urbanística de Palma y apostar por un crecimiento más sostenible y equilibrado: “Palma necesita más zonas verdes, equipaciones públicas y servicios para los residentes, no más gasolinera. Es urgente que el Ayuntamiento pare este proyecto y escuche la voz de los vecinos.”

Desde El Pi Palma también se insta al Ayuntamiento de Palma y al Govern balear a revisar la tramitación de la licencia y evaluar el impacto ambiental y urbanístico real del proyecto, atendida su proximidad a un espacio natural protegido y al núcleo residencial.

Barceló ha insistido que “este caso es un ejemplo más de un urbanismo que responde a intereses particulares y no al bien común. Si queremos una ciudad más habitable, tenemos que empezar a priorizar las personas y el medio ambiente”.

Finalmente, El Pi Palma manifiesta su disposición a colaborar con las entidades vecinales y a defender esta reivindicación, con el fin de conseguir la paralización definitiva del proyecto y preservar el espacio de Ses Fontanelles como zona natural y de convivencia ciudadana.

El Pi-Proposta per les Illes considera inaceptable que el Ministerio de Defensa haya proyectado y licitado la construcción de un almacén de bombas y misiles a la base aérea de Son San Juan sin informar previamente las instituciones de las Islas Baleares ni dar ninguna explicación pública sobre los objetivos y características del proyecto.

El presidente de El Pi, Tolo Gili, ha afirmado que “en Mallorca no se puede montar una infraestructura de este tipo sin un mínimo de respeto hacia las instituciones y la ciudadanía de las Islas. No puede ser que los mallorquines nos enteramos de estas cosas por la prensa”.

Según Gili, “los ciudadanos de aquí nos merecemos un respeto. Antes de hacerlo y licitarlo, habría de haber habido una comunicación oficial, una explicación del proyecto y una justificación clara de que está pasando en nuestra casa”.

El líder de El Pi ha remarcado que este episodio vuelve a evidenciar la carencia de peso político de Baleares en el Estado. “Una vez más, queda claro que necesitamos una voz a Madrid que nos defienda, un proyecto que estime las Islas y las defienda por encima de todo. Estas cosas no pueden pasar sin el consentimiento ni la información de los representantes de los ciudadanos de aquí”, insiste.

Finalmente, Gili ha concluido que El Pi exigirá explicaciones formales en el Gobierno central y pedirá la máxima transparencia sobre el proyecto. “Tenemos que exigir un mínimo respeto y tener la capacidad de decidir qué se hace o no se hace en nuestra casa”, ha sentenciado.